Este jueves se llevó adelante en el Colegio de Arquitectos de Salta, una reunión multisectorial de la que formó parte la Municipalidad de Salta, para tratar sobre la implementación de la Ley Nº 7.740/12 de verificación de condiciones mínimas de seguridad en edificios de uso público.
Del encuentro, participó la subsecretaria de Obras Privadas del municipio, Pía Ruiz de los Llanos, junto a autoridades de COPAIPA, CAS, CoPAUPS, UCASAL, UNSa, y funcionarios de la Secretaría de Planificación del Gobierno de la Provincia de Salta, entre otros presentes.
Se definió avanzar sobre un primer plan de acción, que propone la coordinación entre los diferentes organismos para la implementación de dicha Ley.
“Tratamos sobre la Ley 7.740 que incluye todos los edificios privados que tengan gran convocatoria de uso público, como escuelas, clubes deportivos, sociales, espacios culturales, y edificios públicos como educativos, sanitarios y patrimoniales. Nos reunimos para tratar sobre la importancia de esta ley y crear una comisión multisectorial para reglamentar y poder aplicarla”, explicó al respecto Pía Ruiz de los Llanos.
“Es muy importante que todos los edificios abiertos al público, ya sean públicos o privados que tienen gran convocatoria y todos los edificios declarados patrimoniales, cuenten con seguridad estructural, eléctrica y de evacuación”, agregó la funcionaria municipal.
Durante el encuentro se acordó crear una mesa de trabajo, para llevar adelante las acciones necesarias, por lo que desde el Colegio de Arquitectos se entregó un borrador de la reglamentación de la Ley para su conocimiento y evaluación y se acordó una nueva reunión dentro de un mes.
“Se trabajará en esta reglamentación para acordar por donde se empezará, que se solicitará, como se va a tramitar, qué es lo que se exigirá, y como participará cada área y organismo”, especificó Pía Ruiz de los Llanos.
Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos de Salta, Gustavo Giachero, indicó que desde el organismo cuentan con equipos y profesionales capacitados para realizar la propuesta de reglamentación, los relevamientos y su posterior aplicación de todos los protocolos que surjan de este proceso, una vez aprobada la Ley y sea puesta en vigencia.
